El juez amplía la instrucción por presuntas irregularidades en la Mancomunidad Guadalquivir

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EFE

La ampliación surge a raíz de una demanda interpuesta por un trabajador.

El juzgado 2 de Coria del Río (Sevilla) ha ampliado a dieciocho meses el plazo de instrucción de la investigación de presuntas irregularidades y prevaricación en la Mancomunidad del Guadalquivir de Gestión Pública de Residuos Sólidos Urbanos a raíz de una demanda interpuesta por un trabajador.

Dicho juzgado ha dictado un auto, del pasado 14 de agosto, en el que atiende la petición del Ministerio Fiscal para declarar la causa de “complejidad a los efectos de ampliación del plazo de instrucción hasta dieciocho meses”.

El auto sostiene que, “toda vez que resulta indispensable la culminación de la fase de instrucción atendiendo a la abundante documentación y complejidad del asunto, puede ser imposible finalizar la instrucción en el plazo marcado de seis meses”, según el texto al que tuvo acceso Efe.

El trabajador de esa mancomunidad, que recoge los residuos de veintisiete pueblos del Aljarafe sevillano, presentó una demanda por la vía penal en el juzgado de Sanlúcar la Mayor contra este ente público por supuestas irregularidades en la contratación de trabajadores, si bien este juzgado pasó el caso al de Coria del Río.

A la Mancomunidad del Guadalquivir de Gestión Pública de Residuos Urbanos se la investiga por incumplir el requisito legal de publicar en el boletín oficial de la provincia una convocatoria de una bolsa pública de contratación, según los hechos denunciados.

El trabajador, que ya denunció en el 2012 a los responsables de la empresa por amenazas, solicita también en su demanda que se investiguen “irregularidades” en diferentes contrataciones como el otorgamiento de una plaza de conductor de padre a hijo al jubilarse el primero, o en otro caso, al fallecer el padre.

También denuncia la contratación de una persona como auxiliar administrativo que tenía una puntuación muy baja (en el puesto 55) con respecto a los primeros de la lista y las supuestas maniobras en la composición del tribunal de valoración para favorecer a un candidato sobre el resto, entre otras irregularidades.

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