Las compras por Internet

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Germán Osuna analiza los pormenores de las compras por Internet, a la orden del día en los tiempos que corren.

Ante la cada vez más extendida, entre todos nosotros, compras por Internet, no está de más conocer ciertos derechos que nos amparan cuando la parte a la que corresponde ejecutar lo contratado no cumple con lo pactado.

La regulación de los contratos celebrados a distancia y contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil, que así es como se define legalmente, se recoge en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en los artículos 92 a 130. Sin ánimos de ser tediosos, comentaremos los derechos que a grandes rasgos nos protegen antes los abusos de ciertos vendedores, que por no tener un contacto directo con los compradores, ofrecen un servicio deficiente y que normalmente queda fuera de la ley.

Para empezar, deberemos tener presente que, salvo excepciones, cuando compramos un producto por Internet, o cualquier otro medio de compra a distancia, tenemos un plazo de 14 días naturales para desistir del contrato sin alegar motivo alguno, y sin coste para nosotros. Plazo que empezará a computarse en el momento que recibamos lo comprado. Este derecho se refuerza declarándose nula cualquier cláusula que se imponga al consumidor o usuario penalizando el ejercicio del desistimiento. Si devuelto el producto, en un plazo de 14 días no se nos ha reintegrado el importe de una manera justificada, tendremos derecho a reclamar el doble del mismo, más una cantidad por daños y perjuicios.

Por otro lado, si no se ha acordado otra cosa, el empresario cuenta con un plazo de 30 días naturales para ejecutar el contrato. Si por no encontrarse el bien, el empresario no cumpliera lo pactado, como consumidores, se nos deberá de informar de este hecho y podremos recuperar, sin ninguna demora indebida, las sumas que hayamos abonado. Y si el vendedor no cumpliera con la obligación de informarnos de la imposibilidad de realizar la entrega, del mimos modo descrito anteriormente, tenemos derecho a reclamar que se nos pague el doble de importe adeudado, a lo que habría que añadirse la indemnización por daños y perjuicios a la que también tendríamos derecho.

Otro extremo que debemos conocer, por facilitarnos todo lo expuesto hasta ahora, es la obligación que tiene el empresario de incluir en el contrato cierta información que nos será útil a la hora de reclamarles. Pesa sobre el vendedor el deber de informarnos, entre otras cosas, sobre su identidad, incluido su nombre comercial, la dirección completa de su establecimiento, así como un número de teléfono. Aun pareciendo de sentido común, no es extraña la circunstancia de no encontrar de una manera directa un número de teléfono al través del cual tener una comunicación rápida con el vendedor.

La ratio legis de esta ley, como se expone en su preámbulo, fue la de mejorar la protección de consumidores y usuarios. Pero poco efectiva resulta si no conocemos los derechos que nos amparan, sobre todo, si tenemos en cuenta que la mayoría de las veces caemos en el error de considerar más costoso el hecho de reclamar lo que nos pertenece, que el precio que hemos pagado por el producto. Máxime si contamos con la posibilidad de reclamar a través de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios que, sin ánimo de lucro, tienen como finalidad la defensa de los derechos e intereses legítimos de los consumidores.

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