Los viajes combinados, por Germán Osuna

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Siguiendo en el derecho del consumo, nos disponemos a analizar en este segundo artículo los llamados viajes combinados.

Empecemos por delimitar conceptualmente lo que se entiende por viaje combinado. El artículo 150 de la Ley General de Consumo lo define como la combinación de, al menos, dos de estos tres elementos: transporte, alojamiento y otros servicios no accesorios del transporte o del alojamiento y que constituya una parte significativa del viaje combinado, como podría ser la inclusión de excursiones programadas. Además, como requisito adicional, para poder hablar de viaje combinado, la venta de dicho paquete de servicios deber ser ofrecida con arreglo a un precio global y la prestación deberá sobrepasar las 24 horas o incluir una noche de estancia.

En resumidas cuentas, cuando por ejemplo acudamos a una agencia de viajes y contratemos con ellos un paquete que incluya el desplazamiento y un noche de hotel a un precio único, estaremos hablando de que dicha prestación se incluye dentro del concepto de viaje combinado, y por lo tanto, nos podemos acoger a las garantías que la ley establece para quienes consuman este tipo de servicios.

Debemos saber que en la parte vendedora pueden intervenir por un lado, el organizador, que es la persona física o jurídica que de forma no ocasional organiza viajes combinados vendiéndolos directamente o través de un detallista, que en este caso es quien vende u ofrece en venta el viaje combinado propuesto por un organizador.

El contrato que formaliza la compra del viaje combinado debe contener una información mínima exigible legalmente, que será contenida en su clausulado, siendo base de toda reclamación posterior.

Así, en cuanto a los abusos que puedan cometer aquellos que prestan los servicio en relación al precio fijado en el contrato, legalmente se afirma que no podrán ser modificados, salvo si se establece de forma explícita esta posibilidad, tanto al alza como a la baja, definiéndose el modo de calcular dicha revisión. En todo caso, la alteración del precio sólo podrá tener relación con variaciones en el precio de los transportes, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambios aplicados al viaje organizado. Y las modificaciones al alza nunca podrán ser determinadas con una antelación menor a veinte días de la fecha de salida del viaje.

Si antes de tomar la salida, el organizador se viera obligado a modificar significativamente algún elemento esencial de la prestación, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del consumidor. En este caso, si las partes no convienen otra cosa, el consumidor y usuario podrá optar por resolver el contrato sin ninguna penalización o aceptar una modificación del contrato donde se recojan las variaciones en la prestación, pero también en el precio.

No obstante cuando sea el consumidor quien decida resolver el contrato antes de su ejecución, podrá ejercer esta acción, con derecho a la devolución de las cantidades que hubiese abonado, pero indemnizando al organizador o detallista. La cuantía de ésta variará dependiendo del tiempo en el que se haga dicha renuncia: se abonarán los gastos de gestión, de anulación, si los hubiere, y una penalización consistente en el 5 por ciento del coste total del viaje si la renuncia se efectúa con más de diez y menos de quince días de antelación, el 15 por ciento entre los días tres y diez, y el 25 por ciento dentro de la cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.

Todo ésto antes de la salida, pero puede ocurrir que después de tomar el avión el organizador no suministre, por cualquier causa, los servicios previstos en el contrato. En este caso, el organizador tomará las soluciones adecuadas para continuación del viaje organizado, sin que el precio resulte alterado. Eso sí, deberá abonar al consumidor la diferencia de importe que existiera en las prestaciones contractualmente previstas y las suministradas.

Cuando las soluciones ofrecidas por el organizador fueran inviables o el consumidor no las aceptase por motivos razonados, se tendrá que facilitar por parte de aquél, sin aumento alguno de precio, un medio de transporte equivalente al ya utilizado en la salida, para regresar al lugar de origen. Las partes podrán convenir otro medio de transporte diferente, pero en todo caso esto no afectará a la indemnización que proceda.

Le extensión con la que se recoge en la ley la regulación de este tipo de servicios hace difícil sintetizar su contenido. Por ello se han expuesto lo que a priori puede afectarnos de una manera más notoria como consumidores, sin perjuicio de que, podamos acudir a la Ley General de Consumo en busca de algún aspecto que nos afecte. La ley es accesible, no es terreno vedado.

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Posted by - 09 de agosto de 2016 0
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